Los salvadoreños marcharon masivamente por primera vez hacia la plaza Morazán, ubicada en el Centro Histórico de la capital salvadoreña, para mostrar su desaprobación a la concentración de poder del Gobierno de Nayib Bukele y a las medidas adoptadas recientemente, como el uso del bitcoin como moneda de curso legal en el país o la destitución de jueces.
De forma paralela, recoge la prensa salvadoreña, los ciudadanos, entre los que figuran miembros de la sociedad civil, veteranos de guerra, organizaciones estudiantiles, colectivos feministas, jueces y miembros de comunidades indígenas, exigen una «restauración» del orden democrático y del Estado de Derecho en el país centroamericano.
«Fuera la dictadura de Bukele», «El Salvador dice no a las reformas constitucionales», «Si hay imposición habrá revolución» o «No queremos bitcoin», fueron algunos de los lemas que se leían en las pancartas que portaron los salvadoreños.
Por el momento no se informó de incidentes de gravedad, aunque a primera hora algunos manifestantes denunciaron «bloqueos» por parte de las autoridades.
También en una de las marchas, que salió desde la entrada principal de la Universidad de El Salvador (UES), se infiltró un grupo de hombres armados con bates y encapuchados que se negaron a identificarse e incendiaron una moto. Las feministas les impidieron el paso y el grupo se disolvió momentos después.
Bukele levantó polémica y críticas recientemente, tanto en El Salvador como entre la comunidad internacional. Esto debido a que la Asamblea Legislativa, afín al mandatario, destituyó a jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo nada más tomar posesión, un movimiento interpretado como un paso hacia el autoritarismo.
A la polémica aprobación del bitcoin como moneda de curso legal, se suman otras medidas adoptadas recientemente, como la aprobación por parte de la Asamblea de una batería de reformas de la Ley de Carrera Judicial que, entre otros aspectos, significará la expulsión de más de 150 jueces.
Diputados de la oposición, juristas y defensores de la democracia criticaron el movimiento, señalando que se trata de un «tiro de gracia» o «golpe mortal» a la independencia del poder judicial en El Salvador.
